El jueves 29 de octubre se aprobó len la Legislatura de la Ciudad la "primer lectura" del proyecto de ley que promueve normas urbanística para el Sector 5 de la ex traza AU3.

La Diputada Liliana Parada fue la encargada de pronunciar la abstención del bloque Igualdad Social frente a los reparos y objeciones que el proyecto ofrece.

A continuación reproducimos las palabras de la Diputada Parada realizadas en el recinto, donde refleja las preocupaciones y el posicionamiento de Proyecto Sur ante el proyecto de ley.

Manifestaciones previas a la votación del Proyecto de Ley "Normas Urbanísticas para el área de la traza de la Ex Au3"

Señor presidente: Sé  que han llegado a un acuerdo y que hoy cuentan con los votos para sacar este proyecto en primera lectura. Tal como lo decía recién el diputado Ocampo, la problemática de la AU3 es, sin duda, compleja.

En primer lugar, debemos recordar que esta problemática se inició durante la dictadura militar, en la que vecinos y vecinas fueron desalojados como parte de un proyecto impuesto y que nunca fue concretado. Durante los siguientes años, con la lucha y la organización de los vecinos, se logró abordar el tema en todas sus dimensiones, con la participación de diputados y arquitectos.

El diálogo abarcó las cuestiones habitacionales de modo participativo, incluyendo la sanción de la Ley 324 y la adjudicación de los terrenos.

En la actualidad, si bien existen diferentes intereses por parte de los frentistas y beneficiarios de las leyes 324 y 341, todos coinciden en rechazar los megaproyectos que cambien definitivamente al barrio y su forma de vivir.

No en vano el gobierno macrista promovió la creación de la sociedad del Estado conocida como Puerta Norte, que tiene por objeto la venta de los inmuebles que han sido desalojados, alrededor de 900, en el caso de la ex AU3, proyecto que hasta la fecha no avanzó, ya que quedó corrido, pero no retirado. Sin embargo, esto viene a confirmar que desde que el macrismo asumió la gestión del Gobierno de la Ciudad…

Repito, desde que el macrismo asumió la gestión del Gobierno de la Ciudad, se ha puesto en marcha un fabuloso negocio inmobiliario que, con el fin de maximizar ganancias, se propone ir en contra de cualquier modelo de ciudad inclusiva o igualitaria y prioriza el desarrollo de este mercado relegando las prioridades de los vecinos, aún de muchos de quienes los han votado.

En el último año, en todas las audiencias realizadas en el marco de la mesa participativa de la ex AU3 en la Comisión de Vivienda de esta Legislatura, la voz informante del Poder ejecutivo manifestó en sobradas ocasiones la necesidad de desalojar al conjunto de la traza, mostrando números y encuestas, en las que demostraba la intención real de no cumplimentar con la plena vigencia de la Ley 324.

Mientras tanto, la Ley 324 no se cumplió y los créditos hipotecarios no fueron otorgados, debido también al desfinanciamiento del IVC. Esto explica que hoy no hay dinero para poner en marcha los proyectos trabajados participativamente ni para cumplir las leyes vigentes que son la 324 y la 341, pero se han otorgado sin los más mínimos recaudos cientos de subsidios mediante el Decreto 1165/2008 con el único fin de recuperar los terrenos que ahora darán lugar a negocios inmobiliarios de espalda a los vecinos que dicen que esto es mentira.

Estos subsidios que fueron entregados a los vecinos que aceptaron la total desocupación y restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad llegaban en el mejor de los casos a 25 mil pesos para los no beneficiarios, mientras que la novedad es que el proyecto de ley que se propone hoy establece montos que llegan hasta los 150 mil pesos: 25 mil pesos antes, 150 mil pesos ahora.

Quiero dejar asentado, y espero que esté en algunas de las modificaciones que van a proponer, que este proyecto no dice que son 150 mil pesos; dice “hasta un monto no superior a los 150 mil pesos”. Para aquellos vecinos que sé que van a aceptar, y que en el caso del Sector V van a aceptar prácticamente el 70 por ciento, tengan presente esto; repito, 150 mil pesos.

Uno de los artículos, que también espero que lo modifiquen –aunque nosotros nos vamos a abstener–,  dice que vencido el plazo sin que se haya efectivizado la opción en forma escrita –da cuatro opciones–, se considerará que todos optaron por la alternativa A. La alternativa A es recibir la plata. Esto me recuerda a cuando se crearon las AFJPs, que aquellas personas que no decidíamos por el sistema de reparto, quedábamos inmediatamente en donde interesaba políticamente que quedaran. Es decir, que quienes accedieran a reintegrar los inmuebles hace tan solo unos meses, recibieron una suma ostensiblemente inferior a la que se propone a la fecha.

A esto debemos sumar que el proyecto prevé subsidios para quienes ocupen el Sector V de la traza, como ya se mencionó, con lo que no podemos pensar que este proyecto es integral, y tampoco creemos que el gobierno macrista en 180 días vaya a lanzar un programa para el Sector IV.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el gobierno macrista tiene como única política de vivienda el reparto de subsidios. Villa Cartón, Paseo Colón son ejemplos de la política subsidiaria con una clara tendencia a la expulsión más que a la inclusión. Para quienes seguimos trabajando con esta gente, los problemas en Villa Cartón están llegando. Las soluciones prometidas, a un año, aún no han sido concluidas.

Muchos vecinos se han opuesto a recibir estos subsidios porque quieren el cumplimiento de las leyes y una verdadera solución habitacional de la cual sean parte, y que los hagan responsables. Quieren que se respete la posibilidad de pagar por su vivienda en lugar de recibir dinero para irse.

Por ello, mediante la protección de un amparo judicial, hemos logrado frenar el avance del Gobierno en su doble objetivo: un gran negocio inmobiliario y una ciudad country donde no hay lugar para quienes menos tienen.

Quiero decirles que tienen razón. Por eso, está garantizado que este proyecto sale hoy. Mi voto es testimonial, mi voto es para que quede asentado que si no les cumplen a ustedes con lo que les están prometiendo, van a tenerme a mí, acá en mi banca o en la del Congreso Nacional, para hacerlo cumplir. Así como los amparamos y presentamos un amparo para que los no beneficiarios estuvieran a la altura de los beneficiarios, previo a que ahora sean considerados en esta ley, presentaremos los amparos que hagan falta para que esta ley sea cumplida. En esta ciudad, en la que no hay política de vivienda y en la que no hay recursos para que el IVC promueva viviendas definitivas, hay reparto de subsidios indiscriminado y compulsivo.

Quiero que todos los vecinos sepan que yo, en el lugar de ustedes, también aceptaría el subsidio. Quiero que sepan que entiendo cuál es el problema.

Por su intermedio, señor presidente, quiero que los vecinos sepan que conozco la traza; se los he dicho en cada una de mis visitas. En su lugar, yo también aceptaría el subsidio. Sé que el 70 por ciento del Sector V va a aceptar.

Es importante que entendamos la situación: se obliga a los vecinos a optar entre una vivienda que deberá pagar en condiciones de absoluta inseguridad o recibir una suma de dinero en efectivo y sin contraprestación alguna. La opción es obvia. Para ambos casos, el desalojo es compulsivo, ya sea para esperar una posible vivienda definitiva o para aceptar el subsidio.

Debe decirse con todas las letras: esta situación es extorsiva. Claramente, el subsidio termina siendo la opción más ventajosa, mientras que la posibilidad de continuar viviendo en el mismo barrio es indefinida y recae sobre la voluntad individual de cada vecino. Claramente, esto va en contra del espíritu de la Ley 324.

La falta de implementación de la Ley 324 ha sido peor para estos vecinos que una condena por el delito de usurpación, ya que durante veinte años se los ha estigmatizado como “ocupas”, cuando existe una ley que ampara el derecho de acceso a una vivienda digna.

Desde la asunción del gobierno de Macri, la voluntad política fue la de desconocer la vigencia de la Ley 324 y apurar los procesos de desalojo y demolición, fundamentalmente, durante el transcurso del último año. De esta manera, los vecinos denunciaron en reiteradas oportunidades las intimidaciones y aprietes por parte de los funcionarios en la traza para tomar los subsidios vigentes bajo amenaza de desalojos violentos. Esto no puede desligarse de una política represiva y antidemocrática que este gobierno viene ejerciendo en materia de política habitacional y de espacio público, dirigida claramente contra los más vulnerables.

Frente a esos posibles desalojos, un amplio grupo de vecinos se organizó  para obligar al Gobierno de la Ciudad a cesar con esta metodología y a dar cumplimiento a la Ley 324. Gracias a los esfuerzos de los vecinos y del propio presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, quien denunció este accionar, la Justicia falló a favor de los beneficiarios y no beneficiarios del Programa AU3.

En esa ocasión, tuve oportunidad de escuchar a quien estaba a cargo de la Unidad Ejecutora, señor Regazzoni, quien nos llegó a decir en una audiencia frente a la jueza Liberatore: “Podrán tener sus casas, pero no en Belgrano; si quieren ir a Soldati, ya mismo lo firmamos”.

Efectivamente, con 150 mil pesos –y vamos a tratar de que esto cambie y de que, realmente, sean 150 mil–, equivalentes a 38 mil dólares, y según una tasación que publicó hoy el diario Clarín, los inmuebles del mercado más bajos en la Ciudad de Buenos Aires están en torno a los 950 dólares el metro cuadrado. El promedio es de 1400 dólares el metro cuadrado en la ciudad.

Nosotros no dudamos de que muchos diputados y diputadas aquí presentes puedan considerar que este proyecto significa la mejor oportunidad posible para los vecinos de la traza. Sin embargo, es importante reflexionar sobre su significado. Creemos que este Gobierno, que ha demostrado su voluntad para deshacerse de la responsabilidad política de garantizar vivienda digna, encuentra en este proyecto de ley la justificación para darle continuidad a su plan sistemático de expulsión de habitantes de esta ciudad.

Está  claro que aquí ya se ha excedido el mero marco del derecho a una vivienda digna. Estamos discutiendo qué modelo de ciudad queremos. Es una lucha que, tal como dijimos, existe desde la dictadura militar y que no se desliga de una serie de medidas autoritarias que este Gobierno viene ejerciendo, y que a esta altura ya no podemos desconocer o dejar de emparentar como parte de un proyecto de ciudad para pocos implementado por esta gestión.

Subsidiar no es solucionar la crisis habitacional de la ciudad; implica volver a desalojar a quienes ya fueron desalojados.